| ||
| ||
El Gobierno condona 5.000 millones a los empresarios mineros a cambio de puestos de trabajo | ||
El Consejo de Ministros condonó el 30 de enero del presente ejercicio más de 5.000 millones de euros (casi un billón de las antiguas pesetas) a los empresarios mineros asturleoneses, según cálculos de la Intervención General del Estado. La escandalosa deuda corresponde a los reintegros solicitados por la Intervención General en la aplicación de las ayudas pertenecientes al período 1998-2001, gestionadas por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón. En el meollo de la cuestión se encuentran beneficiadas prácticamente todas las empresas mineras españolas, y especialmente las de la región asturleonesa, desde Antracitas de Tineo, a Carbonar, General Minera de Teruel, Bajo Segre, Solé Hermanos, Endesa Generación, Hulleras del Norte (Hunosa), Viloria Hermanos, MSP, UMINSA, Hullas de Coto Cortés, Vasco Leonesa, etcétera. El asunto -tras analizar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2009- produce escalofríos al descubrir la cifra total condonada en relación al carbón (una fuente de energía cuya combustión provoca emisiones de CO2). La gravedad de los privilegios mineros se agudiza ante una situación de recesión y apuros económicos para otros sectores de la economía nacional. Ante las circunstancias, se deja entrever que las relaciones entre el PSOE de León y los empresarios mineros envenenan este enredo hasta el límite. Y, para más inri, ahora hay que añadir a la deuda condonada los 110 millones de euros que se les transfiere a través de Hunosa y la modificación que van a introducir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para obligar a Endesa y a Fenosa a comprarles el carbón, volviendo a meterlo en el recibo, para burlar la prohibición europea de las ayudas. En la cuerda floja Este diario se ha puesto en contacto con autoridades en la materia para contrastar la legalidad del presunto escándalo. “El gobierno no puede condonar deudas tributarias ni deudas presupuestarias. Eso sólo se puede hacer por ley”, manifiesta un interventor del Estado, que nos remite al Artículo 7 ('Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal'), de la Ley General Presupuestaria, 47/2003, en cuyo apartado primero se dice expresamente que no ·se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes·. Asimismo, la redacción de El Confidencial ha consultado el asunto con un alto cargo del Gobierno de Areces que, a título personal, responde: “En principio si la deuda condonada es un montante importante debería ser aprobada por el Consejo de Gobierno, justificando la condonación acogiéndose al interés público, por ejemplo las pérdidas de puestos de trabajo que supone la ejecución del cobro de la deuda. No obstante tendría que revisar la legislación con más profundidad para dar una respuesta oficial”. En los presupuestos de 2009 Después de rebuscar información pública sobre el tema encontramos en los PGE 2009 tomo X en la página 254 un epígrafe donde se explican las ayudas a costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras. Asimismo, en el Reglamento (CE) de 2002 se expone que “las ayudas estatales a la industria del carbón, persiguen la reducción tendencial de los costes de producción como medio de garantizar el carácter decreciente de las ayudas estatales, disponiendo que las unidades cuyo funcionamiento no sea preciso para garantizar el acceso a reservas, deberán incluirse en un plan de reducción de actividad. Esta reducción origina pérdidas de empleo y de activos no amortizados, por lo que resulta necesario asumir costes de las prejubilaciones y bajas incentivadas, así como ayudas a cubrir pasivos de las empresas que reduzcan su actividad”. Por lo visto, las citadas ayudas se regularán por el citado Reglamento y por Órdenes Ministeriales, sobre ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras del carbón. El Confidencial ha tenido acceso a evidencias que muestran notas internas comunicando el acuerdo casi top secret en el Consejo de Ministros de finales de enero. Comunicados del Ministerio de Industria con un Miguel Sebastián como cabecilla de la argucia, memorándums al Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Energía y un sinfín de documentos que demuestran que el asunto se aprobó casi a escondidas. Los socialistas asturianos reconocen la mala gestión de los fondos mineros Con el comienzo de la caída de las hojas, el presidente del Partido Popular asturiano, Ovidio Sánchez, critica el optimismo del presidente Vicente Álvarez Areces hacia las cuencas mineras asturianas y sus elevados índices de desempleo -con el 50 % de jóvenes en paro-, también acusa al Ejecutivo de incapacidad para gestionar los 1.000 millones de euros del plan del carbón que se encuentran paralizados. La Federación Socialista Asturiana (FSA) entona el mea culpa: “La gestión de los fondos mineros puede mejorarse y no renunciamos a optimizarla”, declara el secretario de organización, Jesús Gutiérrez. En la fiesta anual de Rodiezmo, el secretario general de SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, propuso a Areces la creación de una gran empresa pública nacional que gestione el carbón, junto a las energías renovables. En su discurso, Villa arremetió contra el PP leonés debido a la crisis de sus minas, sus palabras resuenan kafkianas después de descubrir la deuda condonada el pasado enero. Entretanto, en las cuencas existen prejubilados de la mina que disfrutan de jugosas pensiones a sus 42 años, circunstancias insostenibles para mantener un sano sistema de seguridad social. La bomba de relojería ya se ha puesto en marcha en una España que cerrará 2009 con un PIB negativo de -4%, un déficit público que se prevé alcance un incremento del 10% anual y una cifra de desempleo que se acerca a los 5 millones de parados. Y como panacea a todos los males nace la Ley de Economía Sostenible. En Asturias se constituyó un Observatorio de la Sostenibilidad en 2008 y se elaboró una Estrategia de Desarrollo Sostenible con horizonte temporal hasta 2030. Falta aplicarlo con éxito… | ||
www.elconfidencial.com |
viernes, 25 de septiembre de 2009
P.S.O.E. - NO ES LO MISMO PREDICAR QUE DAR TRIGO
martes, 22 de septiembre de 2009
ESTRENO DEL DOCUMENTAL: CHAVES,LA MEMORIA EXPOLIADA. LUGAR Y HORA
miércoles, 16 de septiembre de 2009
CHAVES, LA MEMORIA EXPOLIADA- DOCUMENTAL
El expolio de la cueva de Chaves, en el coto privado del despoblado de Bastarás (Casbás de Huesca), tiene ya una denuncia audiovisual, que se suma a la investigación judicial abierta. Ecologistas en Acción de Huesca ha impulsado la filmación de un documental sobre la destrucción de este yacimiento neolítico para la construcción de un abrevadero por parte de la propiedad de la finca, así como otras presuntas actuaciones irregulares en un territorio ubicado en el interior del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
'Chaves, la memoria expoliada' es el título de este filme con el que Ecologistas en Acción espera que "este acto de barbarie contra nuestro patrimonio cultural, histórico y natural no quede en el olvido". La cinta es una producción conjunta de la oenegé e Imanat Films, bajo la dirección de Daniel Orte y María José Urraca. Se espera que pueda ser presentada en Huesca el próximo día 24, si bien la fecha no está confirmada.
Según explicó Chesús Ferrer, coordinador en Aragón de esta organización, "el documental habla de la destrucción de la cueva, pero también remarca el contexto en el que se ha producido esto, cómo ha sido la gestión de la propiedad, FIMBAS S. A., y cómo la administración le ha dejado hacer".
Para ello, el filme cuenta con los testimonios de los vecinos de la zona, que rememoran los usos lúdicos del lugar antes de que la actual propiedad vallara la finca con fines cinegéticos. También aparecen los arqueólogos Vicente Baldellou y Pilar Utrilla, directores de las excavaciones, que explican qué ha supuesto la destrucción del yacimiento. Ningún representante de FIMBAS S. A. quiso hacer declaraciones, y sus responsables impidieron el acceso de las cámaras al coto.
Lo que sí muestra el documental son imágenes aéreas del terreno, tomadas desde un ultraligero. Estas fotografías, según Ferrer, "ponen los pelos de punta; en ellas se ven kilómetros ilegales de pistas forestales, hectáreas roturadas y balsas construidas sin permisos, algo increíble en un Parque Natural". Ecologistas en Acción anunció que se personará como acusación si finalmente se celebra un juicio contra FIMBAS S. A.
viernes, 11 de septiembre de 2009
ENERGIA EÓLICA ¿SOSTENIBLE?
Los ecologistas y el tinglado eólico
01/09/2009
Tribuna | Emilio de la Calzada Lorenzo
Presidente de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Andan revueltos los aires en los montes leoneses en este final de verano: el tinglado eó lico ha sido puesto en cuarentena. Eso sí, a regañadientes.
La rotundidad de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la denuncia por prevaricac ión ambiental contra la administración autonómica, interpuesta por el ministerio fiscal, frutos ambos del esfuerzo y la unión de los colectivos ecologistas en la provincia de León, han conseguido parar, al menos de momento, lo que estaba llamado a ser la mas drástica transformación, jamás conocida, de la media montaña leonesa.
Ahora todo son interrogantes y desconcierto. Responsables de la administración autonómica, patronal y promotores eólicos, alcaldes, presidentes pedáneos, vecinos, ciudadanos en general y representantes sindicales, se muestran desconcertados. Pero en mitad de todo ese desconcierto todos coinciden en algo: «La culpa de todo la tienen los ecologistas». ¡Pues no, señores!
No han sido los ecologistas los que redactaron, en abril del año 2000, el documento provincial de León del dictamen medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León. Tampoco fueron los ecologistas, a través de su único representante en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León, los que dejaron en agua de borrajas los objetivos de dicho plan al haber autorizado la instalación de un 30% más de la potencia eólica prevista, rebasando incluso las previsiones más desarrollistas recogidas en dicho plan.
No han sido los ecologistas los que, cicateramente, han establecido los límites de algunos espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, como el LIC y Zepa Omañas, atendiendo más a los intereses de los promotores eólicos que a los preceptivos criterios ambientales marcados por la directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, dejando, de este modo, desamparadas, nada menos que, a especies catalogadas «en peligro de extinción».
No han sido los ecologistas los que en la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León han dado su voto para dar de paso, sin empacho alguno, deficientes e interesados Estudios de Impacto Ambiental de proyectos eólicos, firmados por el gabinete ambiental de la misma empresa promotora del proyecto.
No han sido los ecologistas los que han generado este «todo vale» para la eólica, porque es renovable. La energía es un sector estratégico para cualquier sociedad y no puede jamás vivir en la más absoluta desregulación. El sector eólico, al menos en la provincia de León, ha caído en manos de los intereses económicos de los promotores eólicos y de la voluntad almibarada de los representantes de la soberanía municipal.
No han sido los ecologistas los que han echado las cuentas del gran capitán. No han cortado la cinta de megaproyectos industriales, ni han recibido suculentas ayudas por la generación de empleo. Un empleo basado en la premisa de la absoluta desregulación del sector eólico.
No han sido los ecologistas los que «ponen» a su antojo a los urogallos en los bosques. Son ellos, los urogallos, los que nos dicen que merece la pena conservar esos espacios. Pero para no dar pie a mayor escarnio fácil, recordar simplemente que también eso mismo nos lo dicen las leyes. Las directivas europeas, las leyes españolas y también la normativa ambiental de Castilla y León.
No han sido los ecologistas los que han decidido el reparto de fondos para los municipios de nuestra provincia. No son los responsables que en nuestra Diputación Provincial se decida gastar prácticamente la misma cantidad de dinero (siete millones de euros) en fomentar las despilfarradoras e insostenibles estaciones de esquí, que en el Plan Provincial de Obras y Servicios. Tampoco son responsables de que en el año 2009 dicha entidad haya destinado 350.000 ¤ al Fondo de Cooperación Local para municipios de menos de 1.000 habitantes; la misma cantidad que representante el consumo eléctrico de la estación de esquí de San Isidro y bastante menos que el coste (420.000 euros) de su nueva máquina pisapistas.
Así que cada uno -”responsables de la administración autonómica, patronal y promotores eólicos, alcaldes, presidentes pedáneos, vecinos, ciudadanos en general y representantes sindicales-”, se ate los machos y apechugue con lo que le toque, en lugar de arremeter y de calumniar a aquellas personas que, por todo delito cometido, recuerdan a la sociedad que tan importantes y de obligado cumplimiento son las leyes que protegen el medio ambiente, como aquellas otras que defienden la igualdad de las personas ante la justicia o el derecho a la presunción de inocencia. Solamente esperamos que en este caso, como felizmente en otros, se imponga el imperio de la ley y que los tribunales correspondientes establezcan todas y cada una de las responsabilidades a las que hubiera lugar en este mundo de aires revueltos.